Francia regula la aplicación del salario mínimo para el transporte

La llamada “Ley Macron”, por el nombre del ministro de Economía e Industria de Francia, cuyo objetivo es, en parte, liberalizar servicios y normas laborales y, como contrapartida, establecer nuevas reglas de supuesta lucha contra la competencia desleal.

Desde el sábado 14 de febrero, esta norma incorpora una enmienda introducida por el gobierno galo que pretende que todo conductor que efectúe operaciones de cabotaje con ocasión de una misión de transporte internacional, se beneficie de las normas sociales y del salario mínimo en vigor en Francia.

Los transportistas extranjeros que hagan trabajar en Francia a conductores sin suministrar prueba que atestigüe el respeto de estas normas, podrán ser llevados ante los tribunales franceses de lo social acusados de “trabajo ilegal”.

El Primer Ministro de Francia, Manual Valls, ha anunciado que establecerá un potente dispositivo de control operativo ya desde mediados de 2015, pero no ha desvelado en qué consiste aún dicho dispositivo.

El salario mínimo bruto aplicable al sector es de 9,61€ por hora trabajada.

La ley aumenta también de 150.000€ a 500.000€ la sanción máxima por fraude al salario mínimo.

Francia estima en 200.000 el número de trabajadores ilegalmente desplazados en su territorio desde el extranjero.

Esto significa que, a partir de la entrada en vigor de la “Loi Macron”, los conductores que efectúen actividades de cabotaje terrestre en Francia, estarán sometidos a la norma en vigor sobre desplazamiento de trabajadores.

Tal y como sucede en Alemania, las empresas extranjeras deberán designar en Francia a un representante encargado de garantizar el enlace con las autoridades de control. La tradicional “declaración previa de desplazamiento de un trabajador” se substituirá por  una “prueba de desplazamiento del  trabajador”, que no habrá de ser previa a la entrada del conductor en territorio francés, ya que el gobierno francés lo fía todo a su capacidad de control e inspección.