Se retrasa la elaboración del régimen sancionador en el transporte para la Ley de Morosidad
TRANSPORTE PROFESIONAL. Una de las asignaturas pendientes en el ámbito económico en España es la necesidad de aprobar un régimen sancionador que castigue los incumplimientos en materia de plazos de pago que se producen en el ámbito comercial, sobre todo por parte de las grandes empresas que imponen condiciones abusivas a sus proveedores, basando su rentabilidad no en su actividad productiva, sino en la actividad financiera que generan a costa de los autónomos y pymes que trabajan para estas grandes grupos empresariales.
Tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, aprobada en 2014, se estableció un plazo normalizado de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, prohibiendo que el plazo de pago máximo superara los 60 días. Sin embargo, en la práctica, la falta de un régimen sancionador que penalice la falta de pago en dichos plazos ha supuesto un incumplimiento generalizado de dicha ley.
En este sentido, sobre la base del compromiso asumido con las asociaciones de transportistas el pasado mes de julio, el Gobierno español ha promovido un proyecto de Ley de establecimiento de un régimen sancionador de lucha contra la morosidad específico del sector del transporte por carretera, que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados.
Dicho proyecto iba a contar con la oposición de los pagadores de transporte, es decir, de las empresas cargadoras que, a través de su lobby de presión, han tratado de presionar a diferentes grupos políticos para tratar de descafeinar el contenido de dicha ley, eliminando su carácter disuasorio.
Han sido dos grupos parlamentarios (el Partit Demócrata de Cataluña y el Partido Popular), los que han presentado un conjunto de enmiendas al texto del proyecto de Ley, proponiendo rebajar el importe de las multas inicialmente recogidas al reducir a sólo una sexta parte las cuantías de las sanciones, e incluso proponiendo demorar su entrada en vigor hasta en seis meses, bajo la excusa de la pandemia.
