El transporte, a la espera de que el Ministerio regule el control de los transportistas deslocalizados en España
TRANSPORTE PROFESIONAL. El transporte español insiste en la necesidad de establecer una regulación en España que permita controlar la situación de competencia desleal que en los últimos años viene soportando el transporte de mercancías por carretera, basado en la deslocalización de las grandes empresas de transporte hacia países de la Unión Europea con menores costes de explotación de la actividad.
Esta situación ha ocasionado un impacto negativo para el tejido empresarial de transporte español (formado por pequeñas empresas) por la actuación que, en los últimos años, están llevando a cabo grandes empresas de transporte que se están deslocalizando en los países del Este de Europa, despidiendo a sus trabajadores en España, con el objetivo de aprovecharse de los menores costes fiscales y laborales para, de este modo, poder competir en mejores condiciones en el mercado de transporte internacional español en el que siguen operando.
La principal consecuencia de esto es un grave perjuicio a las arcas públicas españolas por la no tributación de sus actividades en España, así como la indeseable destrucción de empleo que tal actuación abusiva genera.
En este sentido, el Paquete de Movilidad europeo aprobado el pasado mes de julio incluyó, entre otras medidas, la aprobación de la Directiva 2020/1057 sobre desplazamiento de conductores entre países de la Unión Europea y la exigencia del salario mínimo, que ha de ser transpuesta en los ordenamientos nacionales antes del próximo mes de febrero.
¿Qué exige el Paquete de Movilidad a los Estados?
La nueva regulación exigirá que los conductores que realicen operaciones de transporte internacional o de cabotaje perciban el salario mínimo del país en el que el transporte es realizado, excluyendo de esta obligación a los trasportes en tránsito así como a los transportes bilaterales.
Para su control, la empresa de transportes deberá realizar, antes de la realización del servicio de transporte, una declaración de desplazamiento de sus conductores, que deberá enviar a un sistema electrónico centralizado en la Comisión Europea, denominado IMI. Más tarde, el Estado de acogida (es decir, el país donde se presta el servicio) podrá controlar su correcta realización y el cumplimiento del salario mínimo.
La nueva regulación recogida en el Paquete de Movilidad persigue como objetivo luchar contra la competencia desleal que ejercen las empresas situadas, sobre todo, en los países del Este de Europa, que venían trabajando hasta ahora con total impunidad al amparo del mercado único europeo de transporte, ocasionando en los últimos años un daño a las empresas transportistas españolas.
De ahí la necesidad de que el Gobierno español apruebe a la mayor brevedad dicha regulación, como ya han llevado a cabo una buena parte de los países de la Unión Europea. Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Transportes continúa sin informar a las asociaciones de transportistas de cómo va a llevar a cabo la tramitación del proyecto normativo, pese a que éste deberá hacerse mediante una norma con rango legal, lo que requiere un plazo mayor de tramitación hasta su aprobación final.
